La Red de Defensa de los Derechos Humanos reprobó el sexenio de Mario Marín Torres porque no generó las condiciones para creer en las instituciones en materia de justicia e incluso se convirtieron en “tapaderas”, situación que tiene descontento a las organizaciones y sociedad.
Israel Sampedro Morales, integrante de la organización, expuso que en este gobierno hubo casos connotados que resaltan por la no aplicación de la justicia como son los de la periodista Lydia Cacho Ribeiro, el defensor de Derechos Humanos, Martín Barrios y el asesinato de Fermín Mariano Matías.
Y es que en este último caso, señaló que la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Marcia Maritza Bullen Navarro, sólo atendió el asunto cuando recibió cartas del extranjero para indagar pese a que la Red de Defensa estuvo exigiendo la intervención del organismo poblano.
Ante ello, consideró que la comisión en lugar de hacer cumplir su papel sea convertido en la propia tapadera del gobierno estatal.
No obstante, dijo que las organizaciones luchadoras de garantías individuales han ganado terreno al grado de ser un contrapeso a las autoridades que tampoco generaron avances en la aplicación de justicia y en lugar de ello enjuician a personas con ciertas pruebas falsas.
“Se logró en cierta forma que organizaciones tuvieran peso moral, pero necesitamos ganar más terreno, pues de lejos de legitimizar el trabajo de las autoridades tenemos que buscar que se ofrezca un marco de verdadera procuración de justicia”, apuntó.
Señaló que en México se ha hecho creer que vivimos en un país donde no pasa nada, al poner como ejemplo que la lucha del gobierno federal contra el crimen organizado únicamente ha dejado como resultado 30 mil muertos, de los cuales son 2 mil jóvenes y mil 500 niños, la desaparición de 300 personas,
Es más Sampedro Morales señaló que en el plano laboral también no existe una procuración de los derechos laborales, pues basta ver las cifras de 800 mil desempleados en Puebla.
Asimismo, dijo que piden al nuevo gobierno que cumplan con garantizar los derechos humanos, apegarse al marco de la Constitución Mexicana y que la desaparición o ejecuciones no sean los mecanismos para garantizarse el Estado de Derecho.
Israel Sampedro Morales, integrante de la organización, expuso que en este gobierno hubo casos connotados que resaltan por la no aplicación de la justicia como son los de la periodista Lydia Cacho Ribeiro, el defensor de Derechos Humanos, Martín Barrios y el asesinato de Fermín Mariano Matías.
Y es que en este último caso, señaló que la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Marcia Maritza Bullen Navarro, sólo atendió el asunto cuando recibió cartas del extranjero para indagar pese a que la Red de Defensa estuvo exigiendo la intervención del organismo poblano.
Ante ello, consideró que la comisión en lugar de hacer cumplir su papel sea convertido en la propia tapadera del gobierno estatal.
No obstante, dijo que las organizaciones luchadoras de garantías individuales han ganado terreno al grado de ser un contrapeso a las autoridades que tampoco generaron avances en la aplicación de justicia y en lugar de ello enjuician a personas con ciertas pruebas falsas.
“Se logró en cierta forma que organizaciones tuvieran peso moral, pero necesitamos ganar más terreno, pues de lejos de legitimizar el trabajo de las autoridades tenemos que buscar que se ofrezca un marco de verdadera procuración de justicia”, apuntó.
Señaló que en México se ha hecho creer que vivimos en un país donde no pasa nada, al poner como ejemplo que la lucha del gobierno federal contra el crimen organizado únicamente ha dejado como resultado 30 mil muertos, de los cuales son 2 mil jóvenes y mil 500 niños, la desaparición de 300 personas,
Es más Sampedro Morales señaló que en el plano laboral también no existe una procuración de los derechos laborales, pues basta ver las cifras de 800 mil desempleados en Puebla.
Asimismo, dijo que piden al nuevo gobierno que cumplan con garantizar los derechos humanos, apegarse al marco de la Constitución Mexicana y que la desaparición o ejecuciones no sean los mecanismos para garantizarse el Estado de Derecho.
